La crisis económica que atraviesa la Argentina, consecuencia entre otros de la megadevaluación de 2018, golpeó fuerte tanto a las pequeñas y medianas empresas industriales como a grandes corporaciones. Además de compañías que debieron cerrar plantas de producción, y de otras que abandonaron el país, están los casos de multinacionales como Carrefour y Coca Cola - Femsa, que solicitaron ante el Ministerio de Producción y Trabajo la implementación de un Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresa (PPC).
En 2016, esta herramienta fue utilizada por 56 empresas, mientras que a fines de 2018 había 108 en esa situación. Sumando los casos de 2019, se puede decir que la cifra se duplicó durante el macrismo. Pero el hecho de que lo soiliciten compañías percibidas como exitosas abrió el debate: ¿las empresas en cuestión están realmente "en rojo", o buscan una vía fácil para flexibilizar?
En primer lugar, no debe descartarse que los procesos respondan a la crisis que vive el país, hecho que es tangible en el día a día. Sin embargo, están quienes consideran que los PPCE responden a un interés por flexibilizar las condiciones laborales, un deseo del Gobierno nacional que hasta ahora no se concretó por la falta de apoyo legislativo. Estos procesos, que deben ser justificados por las compañías y homologados por la Secretaría de Trabajo, les otorgan a las mismas ciertos beneficios a la hora de realizar recortes, a los fines de evitar una quiebra.
Se acumulan empresas con procedimientos de crisis como Coca-Cola Femsa
Frente a la situación de Coca Cola, el titular de la rama Aguas y Gaseosas de Camioneros, Alberto Francese, señaló a una radio platense: "En sociedad con el Gobierno nacional, la empresa está buscando la flexibilización laboral". El dirigente sindical, además, opinó que este pedido no responde a una baja en el consumo.
A raíz de esta apreciación, PERFIL consultó a una serie de especialistas para conocer su opinión. El coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, Luis Campos, dio su visión al respecto: "No puede descartarse que esta ola de solicitudes esté vinculada con la fallida reforma laboral, pero desde mi perspectiva no es la principal razón", sostuvo.
"En cierta medida, las empresas están operando bajo una racionalidad capitalista pura y dado el nivel de parate de la actividad económica y de capacidad ociosa, y teniendo en cuenta que las perspectivas de recuperación tampoco son muy alentadoras, las empresas reaccionan ajustando la cantidad de puestos de trabajo. Si en el medio logran flexibilizar aún más las condiciones de trabajo, eso es un plus adicional que se llevan del PPCE, pero no su objetivo principal", agregó Campos.
Carrefour, en problemas: presentó un proceso preventivo de crisis
Más allá de apreciar que la principal razón es la situación económica en sí misma, el especialista afirmó: "Las empresas (y sobre todo las grandes) también utilizan estos procesos como mecanismo para disciplinar al conjunto de sus trabajadores. En otras palabras, al mismo tiempo buscan intensificar el uso de la fuerza de trabajo (vía despidos) e infundir el 'terror' al desempleo sobre quienes quedan en el establecimiento. Teniendo en cuenta que se viene una temporada 'picante' en las paritarias, no descartaría que las empresas recurran a estos actos como forma de condicionar a la baja cualquier reclamo salarial que vayan a promover los trabajadores en los próximos meses".
Fuentes oficiales de la Secretaría de Trabajo brindaron por su parte una visión completamente distinta sobre este asunto: "Para abrir el procedimiento se realizan las audiencias pertinentes y el único objetivo que tenemos, previo a cualquier tipo de desvinculación, es buscar alternativas. Estas pueden ser muy diversas, como poner a disposición programas del Ministerio. Pero lo que se busca es preservar los puestos de trabajo: en algunos casos se logra, con acuerdos muy buenos, y en otros no se logra".
Quien mostró una visión crítica del asunto fue el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, quien disparó contra la catarata de procedimientos y, al pasar, contra una de las leyes que pretendía el Gobierno: "Si bien, afortunadamente, el proyecto de reforma laboral enviado al Congreso hasta ahora no prosperó, nos preocupa que existe una avanzada general de los empresarios, que podríamos llamar la 'reforma laboral de hecho'. Los altos niveles de precarización laboral, los cientos de miles de despidos, y los PPCE dan cuenta de ello".
Canal 9 anunció que no puede pagar salarios e inicia un proceso preventivo
Por otra parte, Cremonte se refirió a la situación que atraviesan compañías como Coca Cola - Femsa: "La causa de la crisis no radica en los salarios ni costos laborales, sino en la política económica. Es por eso que la eventual solución a la crisis de una empresa no puede pasar por reducir sueldos o despedir trabajadores, sino por un cambio en la política general, y por atender otros problemas de las empresas, como las altas tasas de interés o los aumentos de tarifas. Sin embargo, muchos empresarios mantienen la ilusión de que bajando salarios o despidiendo trabajadores podrán salvar sus empresas y los procedimientos preventivos de crisis están siendo utilizados para eso".
Cantidad. En relación al número de procesos que hay en la actualidad, Luis Campos explicó que es difícil asegurarlo porque, a los PPCE se deben sumar otros instrumentos provinciales que van en esa dirección. "Hay una gestión estatal que 'invita' a las empresas a abrir este tipo de procedimientos, en los que abiertamente juegan de local", concluyó.
Desde la cartera laboral, agregaron también: "Nosotros estamos enfocados en dos cuestiones. Por un lado, la contención, que tiene que ver con que en un año que fue difícil se pusieron a disposición todos los programas del Ministerio y se trabajó mucho para preservar los puestos de trabajo. Una de esas herramientas son los procesos de crisis. Por otro lado, tenés la pata que tiene que ver con producción, que implica brindar las condiciones para que las empresas generen empleo: un ejemplo cercano es la medida del otro día para bajarle el mínimo no imponible a las pymes regionales, que lleva a la formalización del trabajo".
